Por Redacción de La Coyuntura
El endeudamiento de los hogares en Entre Ríos dejó de ser un problema marginal para convertirse en una señal de alerta estructural. Mientras circulan testimonios de docentes y trabajadores públicos que recurren a la quiebra personal para salir de la asfixia financiera, los datos del sistema bancario confirman que el fenómeno es masivo, sostenido y sin piso visible en el corto plazo.
Según el último Informe sobre Bancos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la irregularidad en los créditos otorgados a hogares pasó del 2,67% en enero de 2025 al 10,6% en enero de 2026 — casi cuatro veces más en apenas un año, y el nivel más alto desde la crisis de 2001-2002. El dato no distingue provincias, pero el deterioro fue generalizado en todo el territorio nacional y Entre Ríos no escapa a esa dinámica.
El crédito que no alcanza para pagar el crédito
El mecanismo que explica la crisis es claro: durante 2024 y 2025, millones de familias —entrerrianas incluidas— recurrieron al financiamiento no para comprar bienes, sino para cubrir gastos básicos. Alimentos, medicamentos, servicios. El crédito funcionó como un ingreso complementario ante la caída del poder adquisitivo. Pero ese puente tiene un costo: tasas de interés que en febrero de 2026 promediaron el 69% anual en préstamos personales bancarios, en un contexto donde los salarios no crecieron al mismo ritmo, según relevó la consultora LCG.
El resultado es una carga que se acumula mes a mes. De acuerdo al BCRA, el endeudamiento promedio de las familias pasó de equivaler a 1,5 salarios a mediados de 2024 a 2,5 sueldos a fines de 2025 — es decir, las familias se endeudaron por el equivalente a un salario completo en un solo año. Cuando los ingresos no mejoran, esa deuda no se licua: se vuelve impagable.
El destino de ese endeudamiento no es un misterio. El propio BCRA describe el crédito familiar como un “amortiguador” ante la caída del ingreso real. Los fundamentos del proyecto de desendeudamiento presentado en enero ante el Congreso nacional por un grupo de diputados de distintos bloques documentan que desde noviembre de 2023 los gastos fijos del hogar acumularon un aumento del 480% frente a un crecimiento del ingreso del 249%.
El canal informal, el más peligroso
El sistema bancario tradicional muestra una mora del 10,6%, pero la situación es considerablemente más grave cuando se incorpora el crédito no bancario. Según la consultora 1816 en base a datos de la Central de Deudores del BCRA, la irregularidad en entidades no financieras — fintech, billeteras virtuales, mutuales, tarjetas de supermercados — trepó al 27% en enero de 2026. En ese segmento, la mora más que duplica la del sistema bancario tradicional.
Esta distinción importa especialmente en Entre Ríos, donde el acceso al crédito informal creció con fuerza en los últimos años. Las mismas plataformas digitales que ofrecen “crédito a sola firma” sin revisar la capacidad de pago del solicitante son las que concentran los niveles más altos de incumplimiento — y las que cobran las tasas más elevadas, que según estimaciones privadas rondan el 150% de Tasa Efectiva Anual real.
Quién paga la cuenta
El deterioro no afecta a todos por igual. Según el BCRA, el 20% de los créditos menores a un millón de pesos presenta atrasos — y son esos préstamos pequeños los que representan casi la mitad del total de operaciones pero menos del 5% del valor de la cartera. En otras palabras: el problema se concentra en los deudores de menores recursos, los que pidieron menos y hoy no pueden pagar ni eso.
Medida por personas — y no por monto — la mora alcanza al 24% de los deudores a nivel nacional, según la consultora 1816. Uno de cada cuatro argentinos endeudados no puede cumplir con sus obligaciones financieras. Si esa proporción se replica en Entre Ríos, donde el salario promedio se ubica por debajo de la media nacional, el número de familias en situación crítica es significativo.
El grifo que se cierra
Mientras las familias más necesitan el crédito, el sistema bancario va en sentido contrario. Según el Informe Monetario Mensual del BCRA, los propios bancos proyectaron para el primer trimestre de 2026 una restricción en el otorgamiento de tarjetas de crédito del 24,6%. El stock de préstamos en tarjetas ya cayó en términos reales en febrero. Los bancos, ante una cartera cada vez más deteriorada, endurecen criterios y concentran el crédito disponible en los perfiles de menor riesgo. El resultado es una paradoja: quienes más necesitan financiamiento son los primeros en quedarse sin acceso al sistema formal, empujados hacia el circuito de fintech y mutuales, donde las tasas son más altas y la mora ya supera el 27%.
Sin herramientas, sin horizonte
El panorama para lo que resta de 2026 no ofrece señales de mejora. El propio BCRA advierte que la desinflación continuará apoyándose en la moderación salarial, mientras las tarifas de energía y transporte seguirán aumentando. El margen disponible para el consumo y el pago de deudas seguirá siendo acotado.
A nivel nacional, un grupo de diputados de distintos bloques — entre ellos el entrerriano Guillermo Michel (Unión por la Patria), Miguel Pichetto (Encuentro Federal) y Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba) — presentó en enero el Programa de Desendeudamiento de las Familias Argentinas, que propone créditos directos de ANSES de hasta $1.500.000 para cancelar deudas con tarjetas y plataformas no bancarias. La iniciativa no tiene fecha de tratamiento en comisión.
A nivel provincial, un proyecto del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados de Entre Ríos, ingresado el 11 de marzo, solicita al gobernador Rogelio Frigerio que gestione ante el Banco de Entre Ríos un plan de desendeudamiento para empleados públicos provinciales. También duerme en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, sin fecha de tratamiento.
Mientras tanto, los tribunales entrerrianos reciben cada vez más presentaciones de quiebras personales, amparadas en el artículo 77 de la Ley 24.522 de Concursos y Quiebras, que habilita a cualquier persona física a solicitar su propia quiebra ante la imposibilidad de hacer frente a sus deudas. El mecanismo existe, pero el costo es alto: inhabilitación por un año, exposición del patrimonio y fuerte impacto en el historial crediticio. Para muchas familias, es la última salida de un laberinto que el propio sistema financiero contribuyó a construir.