Por Redacción de La Coyuntura
Alrededor de 150 intendentes de distintos puntos del país se movilizaron este martes hasta el Ministerio de Economía de la Nación para reclamar por la caída de los recursos municipales y exigir respuestas ante la paralización de obras públicas.
La protesta, impulsada por la Federación Argentina de Municipios, se concretó sin audiencia previa con funcionarios nacionales y culminó con la presentación de un documento formal en mesa de entradas del Palacio de Hacienda. El gesto no es menor: llega luego de meses de pedidos institucionales sin respuesta.
El planteo combina urgencias fiscales y reclamos estructurales. Por un lado, los intendentes advierten sobre la merma en la coparticipación y la caída de la recaudación en un contexto de retracción económica. Por otro, exigen definiciones sobre obras públicas nacionales que permanecen paralizadas en distintos distritos.
Entre los puntos centrales del documento se incluye el pedido de distribución del impuesto a los combustibles retenido por el Estado nacional, la revisión del esquema de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) —con el objetivo de integrarlos a la coparticipación automática— y la solicitud de retrotraer el precio de los combustibles al 1 de marzo.
La movilización reunió a jefes comunales de distintos signos políticos, en una señal de convergencia frente a un problema que atraviesa a los gobiernos locales más allá de las pertenencias partidarias.
Entre los presentes estuvo la intendenta de Paraná, Rosario Romero, junto a otros jefes comunales entrerrianos como Adrián Fuertes (Villaguay), Isa Castagnino (Victoria), Mauro Díaz Chaves (Aldea San Antonio), Laura Rupp (El Pingo), Gimp Mesquida (Piedras Blancas) y Daniel Sergio Benítez (Puerto Yeruá).
En ese marco, Romero sostuvo que los municipios “administran con equilibrio” y cuestionó la “retracción de recursos” desde el Gobierno nacional. Además, planteó que “necesitamos que el gobierno nacional no se quede con los recursos de los gobiernos locales” y reclamó “paren con la detracción de recursos a las provincias y a los municipios”.
Por su parte, Fuertes advirtió sobre “la caída de 11 meses consecutivos de la recaudación con una mayor demanda social” y señaló que el planteo central apunta a la participación del impuesto a los combustibles y la recuperación de recursos para las ciudades.
El documento quedó formalmente presentado y, en caso de no haber respuestas, algunos referentes no descartan avanzar con la judicialización de los reclamos.
En un escenario de ajuste fiscal y caída de la actividad, los municipios vuelven a posicionarse como el primer nivel de respuesta estatal, pero con márgenes cada vez más acotados.