Por Redacción de La Coyuntura
El conflicto por el financiamiento universitario llegó esta semana a un punto de quiebre. Mientras la comunidad académica sostuvo su presión en las calles —con paros, jornadas de visibilización y una nueva marcha nacional convocada para el 23 de abril—, la disputa escaló también al plano judicial, con una maniobra del Ejecutivo que apunta a suspender la ley por tiempo indefinido.
El frente judicial: una ley vigente que no se aplica
La Ley de Financiamiento Universitario (N° 27.795) expone una secuencia institucional poco frecuente. Aprobada por el Congreso en agosto de 2025, fue vetada por el presidente Javier Milei en septiembre. El Parlamento insistió, dejó sin efecto el veto y el Ejecutivo terminó promulgándola en octubre. Sin embargo, nunca la aplicó —amparándose en el Decreto 759/2025, que suspendió su ejecución hasta que el Congreso determinara la fuente de financiamiento.
Ante esa omisión, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó un amparo en octubre de 2025. El juez Martín Cormick hizo lugar a la medida cautelar en diciembre y ordenó cumplimiento inmediato. El Estado apeló, y el 31 de marzo la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal —con los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán— ratificó el fallo y rechazó los argumentos oficiales, calificándolos de “poco serios”.
Este viernes, vencido el plazo, el gobierno presentó un recurso extraordinario federal firmado por el Ministerio de Capital Humano y el Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio. El escrito alega que la aplicación de la ley requeriría destinar el 90,30% de la totalidad del crédito de gastos primarios del Estado exclusivamente a las universidades, lo que derivaría en una “parálisis significativa” que incluiría desde la suspensión del patrullaje en Rosario hasta el cierre de los juzgados federales y la propia Corte Suprema. El Ejecutivo invocó además la ley de medidas cautelares contra el Estado —impulsada en su momento por Cristina Kirchner— para sostener que la sola presentación del recurso suspende automáticamente la obligación de pago mientras la Corte no se expida.
A eso se sumó un pedido de excusación: el gobierno solicitó que los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti se aparten del caso por ser docentes universitarios en funciones o en uso de licencia, y sean reemplazados por conjueces.
Dentro del propio oficialismo reconocen que es poco probable que la Corte avale la suspensión. Y una parte del sistema universitario estima que, aun con el recurso presentado, la obligación de pago continúa vigente y que el efecto suspensivo automático no aplica a este tipo de cautelar.
El argumento fiscal: el equilibrio en riesgo
El gobierno sostiene que cumplir con la norma comprometería su principal ancla de gestión: el equilibrio fiscal. En ese marco, la estrategia oficial apunta a ganar tiempo por la vía judicial y explorar una implementación gradual —posiblemente a través de una reapertura de paritarias— que evite un desembolso único e inmediato de los 2,5 billones —2.500.000 millones— estimados.
En paralelo, el Ejecutivo impulsa en el Congreso un proyecto propio de financiamiento universitario que modifica la ley vigente, reduciendo las obligaciones de recomposición salarial y eliminando la actualización automática en varios rubros.
El frente de la calle: la UNER y la crisis que muestran los números
En Entre Ríos, la UNER sostuvo una agenda activa de visibilización. Bajo la consigna “La universidad no se apaga”, se realizaron jornadas de 24 horas con clases públicas, actividades culturales y asambleas en las tres facultades con sede en Paraná. La movilización incluyó un abrazo simbólico frente a la unidad académica de calle Buenos Aires y una asamblea interclaustros en la peatonal San Martín.
El deterioro que impulsa esas acciones está documentado en el informe del CIN: las transferencias a las universidades acumulan una caída real del 45,6% entre 2023 y 2026; los salarios perdieron el 32% de su poder adquisitivo frente a la inflación —equivalente a aproximadamente 7,3 sueldos mensuales—, y para recuperar ese terreno se necesitaría una recomposición del 47,3% sobre los valores actuales. Los gastos de funcionamiento están hoy en torno al 40% del nivel de enero de 2023, y las Becas Progresar cayeron más de un 95% en términos reales respecto de ese mismo año. El CIN señala que los salarios universitarios se encuentran en su nivel más bajo de los últimos 23 años.
En la UNER, esos números tienen consecuencias concretas: la Facultad de Bromatología registró la renuncia de más de 20 docentes. El plan de lucha continúa con paros docentes y nodocentes durante todo abril y una segunda semana de paro prevista del 27 de abril al 2 de mayo.
La cuestión de fondo
Más allá de la disputa presupuestaria, el conflicto abre un interrogante institucional más profundo. Una ley aprobada por el Congreso, promulgada por el Ejecutivo y ratificada en dos instancias judiciales permanece sin aplicación efectiva, mientras el gobierno recurre a cada herramienta disponible —incluyendo pedir el apartamiento de tres de los cuatro jueces de la Corte— para evitar cumplirla.
La discusión remite a un punto básico: qué ocurre cuando una norma vigente queda sujeta a la voluntad del propio Poder Ejecutivo de no ejecutarla, incluso frente a una orden judicial. Por ahora, la respuesta se está construyendo en dos planos simultáneos: los tribunales y la calle.