Por Redacción de La Coyuntura
Lo que el propio Gustavo Bordet anticipó como inevitable ocurrió 48 horas después de su extensa entrevista en Canal 9 Litoral: la Justicia allanó la vivienda de su hija Florencia Gabriela, en calle Adolfo Alsina de Paraná, y otras dos propiedades —su residencia principal en la capital provincial y su domicilio en el barrio privado Village Termal, en Concordia. El operativo fue solicitado por el fiscal José Arias y autorizado por el Juez de Garantías Ives Bastián, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que se investiga desde 2024.
El timing no pasó inadvertido. En la entrevista del miércoles, Bordet había advertido que los procesos judiciales eran usados para someterlo al escarnio público y que los carpetazos nunca faltaban. Dos días después, los allanamientos se ejecutaban —y, según denunció el propio exgobernador y el peronismo, su difusión mediática comenzó antes de que el operativo hubiera terminado.
Bordet reaccionó con un comunicado en el que calificó la medida de “profundamente lamentable” y apuntó directamente al fiscal: señaló que los allanamientos no aportaban nada al esclarecimiento de los hechos y que avanzaban sobre “suposiciones arbitrarias” con el objetivo de dañar su imagen y la de su familia. Volvió a desmentir tener propiedades no declaradas, cuentas en el exterior o estructuras irregulares, y cuestionó que la fiscalía hubiera difundido la medida cuando ni siquiera había finalizado el procedimiento. “El circo mediático y la búsqueda de escarnio público no son justicia”, cerró.
El Partido Justicialista de Entre Ríos emitió su propio comunicado en la misma línea. El texto del Consejo Provincial advirtió sobre “la marcada intencionalidad” del fiscal al difundir la medida, destacó que Bordet no tiene imputación alguna y que siempre colaboró con la investigación, y subrayó un dato que consideró agravante: en el domicilio allanado reside una madre con un hijo menor de edad.
También salió a respaldar al exgobernador el Frente Entrerriano Federal, el partido fundado por Jorge Busti. El FEF apuntó contra “ciertos operadores judiciales” por la “llamativa urgencia comunicacional” con la que instalaron mediáticamente la medida, y sostuvo que el ensañamiento sobre una figura que vive abiertamente en su ciudad y transita la provincia sin evasión alguna no tiene otra explicación que el propósito de erosionarla políticamente. El comunicado concluyó con un pedido al fiscal para que ajuste su actuación a los principios de prudencia, reserva y proporcionalidad que el proceso penal exige.
La causa, caratulada como denuncia de enriquecimiento ilícito, investiga el período 2007-2023 y acumula ya más de dos años de proceso sin que Bordet haya sido imputado formalmente.