Por Redacción de La Coyuntura
El diputado provincial Juan Manuel Rossi integrará las listas del Partido Socialista de Entre Ríos para las elecciones internas convocadas para el 7 de junio, según pudo saber La Coyuntura. El armado electoral interno, que define las autoridades partidarias para el bienio 2026-2028 en las elecciones convocadas para el 7 de junio, dejaría afuera de la nómina a Tamara Godoy, la dirigente provincial estudiantil que denunció al legislador por violencia económica, política y psicológica. Una paradoja difícil de soslayar: el hombre denunciado se mantiene dentro de la estructura, mientras la denunciante quedaría por fuera de ella.
Rossi figura como segundo suplente de la Junta Ejecutiva Provincial y encabeza la lista de delegados titulares al Congreso Provincial por Paraná, además de integrar la nómina de congresales nacionales por Paraná. Godoy, en cambio, no aparece en ninguna de las listas presentadas.
La exclusión de Godoy no es el único dato que alimenta la controversia. De acuerdo a fuentes consultadas por este medio, el armado se enmarca en una negociación política en la que Rossi mantiene su lugar en la estructura partidaria —incluyendo la conducción de la nómina de congresales— a cambio de que el protocolo interno de violencia, que aún se encuentra activo, cierre con un resultado favorable para la denunciante. En otros términos: la resolución del proceso disciplinario interno habría ingresado al terreno de la negociación orgánica, desplazándose de su función original como herramienta de protección institucional.
El caso se desencadenó en marzo de este año, cuando Godoy —presidenta de la Federación Universitaria de Entre Ríos (FUER) y dirigente del Movimiento Nacional Reformista— hizo pública su denuncia contra Rossi por violencia económica, política y psicológica durante su desempeño como empleada en el equipo legislativo del diputado a lo largo de 2024. En su relato, describió un ambiente atravesado por el miedo, la tensión permanente y el desgaste emocional, y caracterizó lo ocurrido no como un conflicto personal sino como prácticas estructurales vinculadas al ejercicio desigual del poder. La denuncia fue formalizada a través de los canales internos del partido, aunque la activación del protocolo se demoró hasta enero de 2026, con los hechos datando del año 2024. El obstáculo para que ese mecanismo se pusiera en marcha, según se informó en su momento, provino de las propias autoridades partidarias encabezadas por Rossi.
La denuncia de Godoy no fue un hecho aislado. En los días siguientes se conocieron testimonios de otros ex colaboradores del legislador. Entre ellos, Lucas Remiro, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER, quien también trabajó en el equipo de prensa de Rossi durante un año y fue desvinculado en diciembre de 2025. Remiro describió un clima laboral signado por la ira permanente, los gritos y la humillación, y reveló haber recibido amenazas directas sobre su agrupación política y respecto de su salario. El dirigente estudiantil indicó que conserva pruebas. Sus palabras resumieron el tenor de varios testimonios que se acumularon en torno al caso: “Nadie debería tener que trabajar, militar y vivir con miedo”.
Al mismo tiempo, un grupo de ocho exmilitantes socialistas que decidieron mantener el anonimato publicaron un comunicado respaldando a Godoy. Todas habían militado en la Juventud Socialista, en el grupo de Mujeres Socialistas o cumplido roles como trabajadoras en el partido, y aseguraron haber abandonado el espacio en parte por el maltrato. En el texto afirmaron que la conducta violenta de Rossi “no es sólo con las mujeres, pero es especialmente con las mujeres, más si ocupan espacios de poder”, y subrayaron que las autoridades partidarias estaban al tanto de lo que ocurría desde hacía años. El comunicado también cuestionó su integración en la Banca de las Mujeres, Género y Diversidad de la Cámara de Diputados: “Nos resulta cuanto menos ofensivo que se presente como defensor de los derechos de las mujeres”, escribieron. Sus palabras concluyeron con una afirmación contundente: lo denunciado por Godoy “es un secreto a voces” dentro del partido.
La acumulación de denuncias tuvo consecuencias institucionales más allá del partido. En la Cámara de Diputados de la provincia, el bloque “Más para Entre Ríos” reclamó formalmente al presidente del cuerpo, Gustavo Hein, la activación del protocolo legislativo de violencia de género. Y el 7 de mayo, la Cámara aprobó por unanimidad un protocolo de prevención e intervención ante casos de violencia laboral y de género, cuya elaboración había sido impulsada por una manda judicial previa pero cuyo tratamiento se aceleró en el contexto de las denuncias contra Rossi.
Ese dato no es menor: mientras el caso del diputado socialista contribuía a destrabar una herramienta institucional en el ámbito legislativo, dentro de su propio partido el proceso disciplinario derivaba, según las fuentes consultadas por este medio, hacia una salida negociada. El protocolo interno seguiría activo en lo formal, pero su resolución habría quedado atada a los términos de un acuerdo político que le garantiza a Rossi la conducción orgánica del socialismo entrerriano de cara a las internas del 7 de junio.
La tensión entre los valores que históricamente identifican al Partido Socialista y la resolución que tomaría este conflicto en particular es el dato político de fondo. Rossi preside un partido que construyó buena parte de su identidad sobre la defensa de los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Que sea ese mismo partido el que, según la información recogida por La Coyuntura, resuelva una denuncia por violencia en clave de armado electoral es, cuanto menos, una contradicción que sus propias bases tendrán que procesar antes del 7 de junio.
Fuente: La Coyuntura