Redacción La Coyuntura
El gobernador Rogelio Frigerio le dio ingreso formal este viernes al Senado provincial al proyecto de reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos. La iniciativa, de 46 artículos, modifica la Ley 8.732 e incorpora modificaciones que el Ejecutivo negoció en los últimos meses con distintos sectores gremiales a partir de los llamados “Vectores”.
El proyecto será girado a las comisiones de Presupuesto y de Legislación General, donde deberá dictaminarse antes de llegar al pleno del Senado.
Emergencia hasta fin de 2027
El Título I del proyecto declara el estado de emergencia económica y financiera del sistema previsional provincial hasta el 31 de diciembre de 2027, prorrogable por decisión fundada del Poder Ejecutivo. La declaración se aplica a los tres poderes del Estado, municipios y comunas adheridos al sistema.
Bajo ese paraguas de emergencia, el proyecto habilita al Ejecutivo a adoptar medidas presupuestarias y financieras, celebrar convenios con organismos nacionales o provinciales para obtener recursos, y establecer aportes solidarios extraordinarios por tiempo determinado.
Aportes extraordinarios escalonados
En forma inmediata y durante la vigencia de la emergencia, el proyecto establece un aporte personal extraordinario para salarios superiores a $3.000.000 mensuales, con una escala progresiva que va del 1% para quienes ganen entre $3.000.001 y $4.000.000, hasta el 8% para quienes superen los $16.000.000. Quienes estén por debajo del piso no realizan ningún aporte adicional.
Además, se incrementan en tres puntos porcentuales los aportes patronales de todos los empleadores comprendidos en el régimen, incluidos municipios y establecimientos educativos privados.
La edad: sin cambios hasta 2031
Uno de los puntos centrales del proyecto es la modificación de la edad jubilatoria. El artículo 42° establece que los cambios para los actuales aportantes no comenzarán a regir hasta transcurridos cinco años desde la entrada en vigencia de la ley. Hasta el 1° de enero de 2031, las condiciones actuales —57 años para mujeres y 62 para varones, con 30 años de aportes— se mantienen sin modificaciones.
A partir de 2031, la edad subirá seis meses por año y los años de aportes se incrementarán un año cada dos años calendario. El cronograma lleva a los hombres a los 65 años con 35 de aportes en 2036, y a las mujeres al mismo punto recién en 2046.
Para quienes ingresen al Estado después de la sanción de la ley, la edad jubilatoria pasa a ser de 68 años de inmediato, con 35 años de aportes, sin distinción de sexo.
Nuevo cálculo del haber inicial
El proyecto modifica el artículo 63° de la Ley 8.732 y establece que el haber de jubilación ordinaria equivaldrá al 82% del promedio actualizado de las últimas 240 remuneraciones mensuales brutas —el doble de las 120 actuales—. El Ejecutivo sostiene que el cambio busca evitar distorsiones por ascensos o recategorizaciones previas al retiro. El 82% móvil sobre el sueldo bruto se mantiene como garantía.
Regímenes especiales y Poder Judicial
El proyecto no elimina los regímenes especiales —docentes, personal de salud, penitenciario, entre otros—, pero establece que quienes accedan a la jubilación anticipada por esa vía deberán continuar realizando aportes hasta alcanzar la edad de jubilación ordinaria común vigente en el año respectivo. Se trata, según el texto, de una disposición ya contemplada en la Ley 8.732 que nunca se había implementado.
Un capítulo aparte representa el Poder Judicial. El proyecto activa la suspensión del mecanismo de enganche de haberes judiciales con las actualizaciones salariales que fija la Corte Suprema nacional —un punto que los propios gremios judiciales vienen resistiendo con fuerza.
La fractura gremial
No todos los sindicatos responden al mismo compás. Mientras la Multisectorial sostiene el rechazo frontal, un sector del sindicalismo estatal optó por sentarse a negociar y reconoce haber incidido en el texto final.
Desde UPCN destacaron que el Ejecutivo incorporó algunas de sus posiciones, aunque aclararon que el debate no está cerrado y que seguirán planteando diferencias. En Suoyem valoraron la gradualidad en la aplicación de los cambios y señalaron que lograron que la suba de los años de aportes no fuera inmediata. Desde UDA, el acento estuvo puesto en la necesidad de preservar el 82% móvil como condición innegociable.
Los tres sectores coincidieron en que el debate de fondo se dará ahora en la Legislatura.
El frente opositor
La iniciativa llega al Senado con un rechazo gremial consolidado. La Multisectorial en Defensa de la Caja —que agrupa a AGMER, ATE, asociaciones de judiciales, municipales y organizaciones de jubilados— realizó esta semana movilizaciones frente a la sede del organismo y en la Legislatura. Los bloques del Partido Justicialista en ambas cámaras se comprometieron a votar en contra.
La elección del Senado como cámara de ingreso tampoco pasó inadvertida: desde UPCN, la conducción de José Ángel Allende —cuestionada internamente por su postura más dialoguista con el Ejecutivo— reconoció que la estrategia responde a que el oficialismo tiene allí los votos necesarios para avanzar.