Por Redaccion de La Coyuntura
El gobierno de Javier Milei formalizó esta semana la adjudicación de la Hidrovía Paraná-Paraguay al consorcio Jan de Nul-Servimagnus, por 25 años, mediante la Resolución 36/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. No es casual que la confirmación se conociera horas antes de que el Presidente aterrizara en Rosario para los actos del 20 de junio: la ciudad donde Belgrano izó la bandera por primera vez es también la capital simbólica del polo agroexportador, y Milei llegó con la privatización bajo el brazo, presentándola como la operación más importante de su gestión hasta ahora. Apenas conocida la adjudicación, las empresas ganadoras anunciaron la creación de Vía Navegable Argentina, la nueva sociedad —60% Jan de Nul, 40% Servimagnus, la firma de la familia Román— que va a ejecutar las obras y operar la concesión, con la promesa de más de seiscientos puestos de trabajo y el mismo libreto de cada privatización de esta gestión: eficiencia, inversión privada, Estado regulador y no gestor.
Jan de Nul no es una sorpresa. Es la misma empresa que draga el Paraná desde la concesión original de los años noventa, bajo Menem, y que siguió operando con prórrogas desde que venció el contrato en 2021. Le ganó en puntaje técnico a la otra belga, DEME, después de que una tercera oferente brasileña quedara afuera por no presentar garantías. El relato oficial es que el peronismo dejó empantanada la licitación durante años, entre el gobierno de Alberto Fernández y el kirchnerismo discutiendo soberanía fluvial, marina mercante y el Canal Magdalena, sin lograr ordenar nunca una licitación real. Milei capitaliza ese vacío: lo que no se resolvió en cuatro años lo cierra en uno y medio, y lo anuncia en el escenario más incómodo posible para sus rivales, con el sector agroexportador aplaudiendo en Rosario.
Pero el triunfo discursivo convive con sombras que no se disiparon. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas marcó presuntas irregularidades en los pliegos, conflictos de interés en el comité evaluador y ausencia de estudios de impacto ambiental integrales. Un primer llamado a licitación, entre fines de 2024 y comienzos de 2025, se cayó por denuncias de direccionamiento que vinieron, llamativamente, desde el propio espacio del Gobierno, con el PRO y la Coalición Cívica cuestionando el proceso. Circuló también la denuncia sobre la cercanía de un asesor presidencial de peso con un grupo empresario que viene expandiendo posiciones en el nuevo mapa de privatizaciones libertarias, aunque ni la Casa Rosada ni los involucrados respondieron públicamente. La Justicia rechazó todas las cautelares y denuncias que buscaban frenar el proceso, lo que en los hechos allanó el camino a la adjudicación, pero no necesariamente cierra el frente judicial hacia adelante. Es el patrón habitual de esta gestión: avanzar rápido, dejar que la Justicia licúe las objeciones en el camino, y consolidar el hecho político antes de que las denuncias adquieran peso propio.
Y como suele pasar en esta gestión, el verdadero negocio nunca está del todo donde lo muestra el comunicado oficial. La adjudicación formal quedó en cabeza de Jan de Nul y Servimagnus, pero el periodista Alejandro Bercovich planteó en C5N que el negocio más jugoso podría estar “aguas abajo”, en la subcontratación de los trabajos de dragado y balizamiento, una caja que según esa versión movería entre doscientos y trescientos millones de dólares anuales. Ahí, dice Bercovich, aparecería el Grupo Neuss, que viene construyendo un emporio empresario llamativamente próspero y cuyos dueños son, casualmente, muy cercanos a Santiago Caputo. Nada que la Casa Rosada haya confirmado, claro, así que quedará como una de esas coincidencias que tanto abundan en el folclore de las privatizaciones argentinas: empresarios con buena llegada al poder que, vaya casualidad, terminan bien parados cuando se reparte la torta. En esa misma lista de apellidos con peso circulan Gustavo Elías, Juan Ondarcuhu y la propia familia Román, socia formal en Servimagnus, cuya heredera Karina Román supo codearse con el círculo de Eduardo Elsztain en el Foro Llao Llao. Todo sospechosamente normal, como cada vez que una privatización de esta envergadura encuentra, casi por arte de magia, a los mismos nombres del lado ganador.
Una pieza clave de la jugada fue el aval explícito de los gobiernos provinciales de la cuenca. Santa Fe, Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones y Entre Ríos expresaron conformidad con el cierre del proceso, y para el Gobierno nacional ese respaldo regional es tan importante como el aplauso empresario: blinda la decisión frente a cualquier relato de atropello sobre las provincias y ratifica la lógica de alineamiento de varios gobernadores, incluido Rogelio Frigerio en Entre Ríos, con la agenda de privatizaciones de Milei, en un año donde esa relación se sigue negociando pieza por pieza entre coparticipación, obra pública y fondos discrecionales. Ese aval no es gratuito ni es solo un gesto político: Entre Ríos viene reclamando hace años, con distintos gobiernos, un lugar mejor en la hidrovía, y el antecedente más concreto es la concesión del Puerto Ibicuy a PTP Group en 2024, que apuesta a una salida propia por el Paraná Guazú con calado de cuarenta pies. Pero ese reclamo histórico, profundizar Diamante, integrar Ibicuy al canal troncal, garantizar el dragado en los accesos a los puertos públicos provinciales, todavía depende de que las obras de Jan de Nul y Servimagnus lleguen efectivamente al tramo entrerriano y no se queden, como en concesiones anteriores, concentradas en el corredor Rosario-Buenos Aires.
Ahí está el verdadero test político para Entre Ríos en los próximos meses. Si el aval que dio Frigerio se traduce en obra concreta para la provincia, es una jugada ganadora de cara a 2027. Si la inversión privada termina privilegiando el tramo santafesino-bonaerense de siempre, ese apoyo corre el riesgo de leerse, en retrospectiva, como un cheque en blanco sin contrapartida. Con la adjudicación cerrada, la pelota pasa ahora a tres terrenos que se van a definir en simultáneo: el contractual, porque la firma definitiva tiene un plazo de hasta treinta días y ahí se van a precisar los cronogramas de obra que determinan si Diamante e Ibicuy entran en la primera etapa de inversión; el judicial, porque las observaciones de la Procuraduría y los cuestionamientos de la oposición no desaparecieron, solo perdieron la carrera contra el reloj administrativo; y el electoral, porque Milei usa Rosario y la Bandera para instalar el relato de la privatización exitosa justo cuando necesita mostrar gestión en la región núcleo de cara a 2027, mientras los gobernadores de la cuenca, entre ellos Frigerio, enfrentan el desafío de cobrar ese aval en obra concreta antes de que cambie el clima político.
Fuente: La Coyuntura