Por Redacción de La Coyuntura
El ingreso de un nuevo proyecto de ordenanza al Honorable Concejo Deliberante de Paraná busca transformar las reglas de juego del mercado inmobiliario local. La iniciativa, presentada por el concejal Emiliano Gomez Tutau, propone la creación del “Régimen Garantía Paraná”. El objetivo central del proyecto, es constituir una herramienta pública que reduzca de forma drástica las barreras socioeconómicas para el acceso al alquiler de vivienda única familiar en la capital provincial.
La paradoja del concejal: cuando la dieta no califica
La presentación del proyecto en el recinto dejó una apostilla entre la ironía y la comedia dramática. El propio Gomez Tutau confesó ante sus pares que intentó ofrecer su recibo de sueldo como respaldo para un contrato de alquiler en la ciudad y el “scoring” de las inmobiliarias paranaenses se lo rebotó por “insuficiente”. La moraleja política se escribe sola: en el Paraná de hoy, si a un concejal en actividad no le da el piné patrimonial para pasar el filtro de los exigentes propietarios, al entrerriano de a pie solo le queda rezarle a Urquiza o armar campamento en la Plaza 1º de Mayo.
El giro de la política habitacional
El fundamento político y social de la propuesta radica en un cambio de paradigma sobre la vivienda. Históricamente asociada casi de forma exclusiva a la propiedad, el proyecto advierte que para miles de familias, hogares monoparentales, jóvenes, estudiantes y adultos mayores, el alquiler representa hoy la principal vía de acceso a un techo digno. En este sentido, la propuesta legislativa argumenta que las exigencias tradicionales del mercado formal —como las garantías propietarias de familiares, recibos de sueldo elevados y depósitos por adelantado— no hacen más que reproducir una desigualdad estructural que excluye a personas con plena capacidad de pago mensual pero sin respaldo patrimonial o financiero. Ante esta realidad, el proyecto plantea que el Estado municipal asuma un rol moderno y articulador que conecte las necesidades sociales con soluciones institucionales, sin intervenir de manera directa en los contratos privados ni alterar el marco jurídico nacional vigente en materia locativa.
Un sistema dual: incentivo privado y respaldo financiero
De acuerdo con lo presentado, el “Régimen Garantía Paraná” evita constituirse como una política asistencial clásica. La Municipalidad de Paraná no asumirá en ningún caso el carácter de garante solidario, fiador o codeudor directo de los inquilinos. En su lugar, el sistema se estructura bajo un esquema piramidal y escalonado que funciona a través de dos dimensiones claramente diferenciadas pero articuladas entre sí. Por un lado, se instituye la Garantía Locativa Municipal propiamente dicha, actuando de forma preventiva como la “llave de ingreso” para el inquilino que cuenta con capacidad de pago para el canon mensual. Por el otro, se prevén instrumentos financieros específicos para absorber el impacto de una eventual morosidad, brindando previsibilidad y seguridad jurídica real al propietario.
La sustentabilidad del esquema descansará sobre el Fondo Municipal de Garantía Locativa, una estructura de afectación específica creada por la misma norma. Este fondo no funcionará como una partida presupuestaria rígida, sino como un ámbito dinámico nutrido por recursos municipales, programas provinciales o nacionales, y aportes de entidades adheridas como mutuales, cooperativas de crédito y compañías de seguros autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, permitiendo el subsidio, bonificación o financiamiento de pólizas de seguro de caución.
Cupo anual, prioridades y mecanismos de control
Para garantizar la responsabilidad fiscal y una implementación progresiva y medible, la ordenanza estipula un cupo máximo inicial de trescientas (300) garantías locativas por año calendario, el cual podrá ser ampliado por el Departamento Ejecutivo previa evaluación técnica, social y presupuestaria. La admisión de los postulantes estará a cargo de una Comisión de Evaluación y Admisión conjunta entre el Ejecutivo y el Concejo Deliberante, bajo la órbita de la Secretaría de Hacienda y Producción como autoridad de aplicación.
Asimismo, determina un esquema de prioridades para brindar cobertura preferencial a los sectores en mayor situación de vulnerabilidad de la comunidad. Entre los grupos prioritarios se encuentran los progenitores a cargo de hogares monoparentales con niños o adolescentes, mujeres en situación de vulnerabilidad social o económica, jóvenes de hasta treinta (30) años que ingresen al mercado laboral formal, estudiantes de nivel terciario o universitario de instituciones radicadas en el ejido municipal, personas mayores con jubilación o pensión mínima, y familias que tengan a su cargo a un integrante con discapacidad.
Transparencia mediante nuevos registros locales
La fiscalización, el seguimiento y la transparencia del sistema se apoyarán en la creación de dos nuevas estructuras de gestión de datos. El primero es el Registro Municipal de Beneficiarios, destinado a centralizar la información de los inquilinos, verificar los requisitos de permanencia y generar estadísticas confiables para el diseño de futuras políticas urbanas. El segundo es el Registro Municipal de Propietarios Adherentes, un padrón que otorgará a los dueños de inmuebles el derecho a percibir incentivos y asesoramiento municipal, al tiempo que los obliga a mantener la documentación actualizada y cumplir las pautas del régimen. Con este andamiaje, la iniciativa busca consolidar un modelo equilibrado donde el propietario gane seguridad jurídica y el inquilino obtenga una oportunidad real de inclusión habitacional.
Fuente: La Coyuntura