Por Redacción de La Coyuntura
La discusión por la reforma previsional que impulsa el gobernador Rogelio Frigerio dejó al descubierto una fractura en el Partido Justicialista de Entre Ríos: mientras el partido facultó a su Tribunal de Disciplina a expulsar de forma directa a los legisladores que no voten en bloque contra el proyecto, dirigentes propios —intendentes peronistas— elaboraron y difundieron su propia propuesta de reforma, sin que eso les costara sanción alguna.
La advertencia del Congreso partidario
El sábado 13 de junio, el Congreso Provincial del PJ se reunió en Paraná en una sesión cargada de tensión, donde resolvió la expulsión del intendente de Santa Elena, Daniel Rossi, y sancionó a varios dirigentes que compitieron por afuera de la estructura partidaria en 2025. En esa misma jornada, el cuerpo tomó una decisión clave para el futuro de la reforma previsional: instruyó a los legisladores electos en listas del PJ a votar en contra del proyecto enviado por el Ejecutivo, y facultó al Tribunal de Disciplina a expulsar de forma directa a cualquier senador o diputado del bloque “Más para Entre Ríos” que vote a favor o se abstenga.
La resolución no mencionó nombres, pero la lectura política fue unánime: apunta a tres senadoras que en el pasado ya se despegaron de la línea oficial del bloque — Gladys Domínguez (Feliciano), Nancy Miranda (Federal) y Patricia Díaz (La Paz, esposa del intendente Daniel Rossi, expulsado del partido). El antecedente más citado es la votación de la ley de creación de la Obra Social de Entre Ríos (OSER) en 2025, cuando las abstenciones de Domínguez y Miranda permitieron que el oficialismo alcanzara la mayoría necesaria. Aquella vez, el Consejo Departamental de Feliciano llegó a exigirle la renuncia a Domínguez, que terminó alejándose del bloque peronista y conformando su propio monobloque.
Pero el detonante más reciente y directo está ligado a la reforma previsional misma: a la hora de votar cómo se giraba el proyecto a comisiones —si a las cuatro que pedía el bloque “Más para Entre Ríos” o solo a las dos que proponía Juntos por Entre Ríos—, Domínguez se abstuvo y permitió que se impusiera la posición de la oposición. Ese episodio derivó en un pedido de expulsión específico presentado por el propio PJ departamental de Feliciano, que el Tribunal de Disciplina debía tratar antes del Congreso del 13 de junio. Sin embargo, ese caso particular no llegó a resolverse en esa sesión: el cuerpo prefirió la salida más amplia y preventiva de “mandatar” el voto en bloque, dejando la puerta abierta a una expulsión automática si alguna de las apuntadas no se alinea.
La defensa de Domínguez: “me quieren echar por debatir”
Días después, en diálogo con el periodista Rodolfo Bernardini por Radio de la Ciudad, Domínguez salió a cuestionar con dureza la lógica del partido. Reconoció sin vueltas la gravedad del problema fiscal de la Caja de Jubilaciones y Pensiones —”el déficit existe, y negarlo no nos ayuda ni soluciona nada”, dijo— pero evitó anticipar su voto, definiéndose como una legisladora “dialoguista” que buscará “soluciones sostenibles, justas y un equilibrio”, aunque trazó un límite: no acompañará ninguna medida que descargue todo el esfuerzo sobre los trabajadores.
El centro de su crítica, sin embargo, fue hacia adentro del propio PJ. Según planteó, mientras el partido amenaza con sancionarla a ella por plantear el debate, hay intendentes peronistas que reconocen públicamente la quiebra del sistema y proponen sus propios cambios, sin sufrir ningún costo orgánico por hacerlo “desde afuera” de la Legislatura. Incluso involucró al intendente de su propio departamento, que —señaló— admitió el déficit con datos propios sin que eso le generara ningún cuestionamiento partidario.
Como antecedente histórico de lo que describe como una doble vara, recordó que en 2017, durante la gobernación de Gustavo Bordet, los entonces legisladores Juan José Bahillo y Mayda Cresto votaron a favor de la reforma previsional impulsada por el gobierno de Mauricio Macri, sin que el partido pidiera la expulsión de ninguno de los dos.
El proyecto de los intendentes: hubo ruido, pero ninguna sanción
La pieza que completa la contradicción es la propuesta presentada por los intendentes de Feliciano y San José, Damián Arévalo y Gustavo Bastián, ambos del PJ. A mediados de junio, los dos jefes comunales dieron a conocer un esquema alternativo al del Ejecutivo: edad jubilatoria de 63 años para varones y 60 para mujeres (contra los 65 parejos que propone el gobierno), 32 años de aportes en lugar de los 35 que pide el oficialismo, mantenimiento de los regímenes especiales con sus edades de retiro anticipado, cálculo del haber sobre los últimos 120 salarios, y un aporte extraordinario para los cargos políticos de hasta 10% por cada millón de pesos de sueldo. Según relató Arévalo, el texto fue entregado formalmente al presidente del bloque de senadores del PJ, Marcelo Berthet, y a la titular del bloque de diputados, Laura Stratta, para que lo usen como insumo en el debate legislativo.
A diferencia de lo que pasó con Domínguez, en este caso no hubo pedido de explicaciones al Tribunal de Disciplina ni amenaza de sanción — pero tampoco fue gratis dentro del partido. La propia cobertura periodística registró “ruido en el PJ” por la iniciativa, y Arévalo debió salir públicamente a defenderla ante las críticas de sectores del justicialismo, aclarando que el proyecto no implica avalar la reforma de Frigerio sino ofrecer “una alternativa para enriquecer el debate” y que su rechazo al texto oficial, tal como está, sigue siendo “tajante”. Incluso un columnista de Análisis Digital cuestionó por izquierda la propuesta de los intendentes, al señalar que comparte con el proyecto del gobernador la misma arquitectura de fondo —declarar la emergencia, delegar facultades en el Ejecutivo y cargar el ajuste sobre activos y pasivos— y que la diferencia está “en la intensidad”, no en la matriz.
Es decir: el cuestionamiento interno existió, pero se resolvió en el terreno de la polémica política, no en el de la maquinaria disciplinaria. Nadie le pidió a Arévalo o a Bastián que el Tribunal de Disciplina evaluara su conducta partidaria, ni se los amenazó con la expulsión directa como sí ocurrió —de forma genérica pero apuntada— con las senadoras que podrían no votar en bloque contra la reforma. Los intendentes reconocen la misma “quiebra del sistema” que Domínguez admite desde su banca, proponen modificarlo y lo discuten abiertamente con los bloques legislativos — exactamente lo que a ella, según su descargo, el partido le quiere impedir hacer “desde adentro”.
Lo que queda por verse
El caso de Domínguez en el Tribunal de Disciplina sigue abierto, y la resolución del Congreso del 13 de junio deja sin margen de ambigüedad cualquier voto que no sea el rechazo total al proyecto de Frigerio. La reforma, mientras tanto, sigue su trámite en el Senado entrerriano, con audiencias de gremios, especialistas y representantes de las distintas ligas de intendentes —incluida la de los propios intendentes del PJ—, sin que esté claro todavía cómo se resolverá la tensión entre la disciplina partidaria y la presentación sorpresiva que realizaron los jefes comunales del propio espacio.
Fuente: La Coyuntura