Por Redacción La Coyuntura
La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió este jueves dejar firme la medida cautelar que obliga al Estado nacional a aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, de Financiamiento Universitario, tras rechazar el recurso extraordinario presentado por el Poder Ejecutivo. La decisión representa un nuevo revés judicial para el Gobierno en la disputa por los fondos destinados a las universidades públicas y mantiene vigente, por el momento, la obligación de actualizar los salarios docentes y no docentes, además de recomponer programas dirigidos al estudiantado. La resolución, alcanzada por unanimidad, lleva la firma de los tres ministros del tribunal, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
Según pudo reconstruirse, el tribunal rechazó el recurso extraordinario presentado por el Ministerio de Capital Humano al considerar que las presentaciones del equipo jurídico oficial no cumplían con los requisitos técnicos de admisibilidad. A su vez, los jueces consideraron inadmisible la apelación del Ejecutivo debido a que no existe una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión, por lo que la cautelar dictada por las instancias inferiores continúa en vigor mientras avanza el proceso principal. El máximo tribunal también desestimó el pedido de excusación que el propio Gobierno había planteado contra los ministros, bajo el argumento de que ejercen la docencia universitaria.
El conflicto se remonta a agosto del año pasado, cuando la ley de financiamiento educativo fue aprobada por el Congreso, vetada por el presidente Javier Milei y finalmente sostenida por ambas cámaras tras multitudinarias marchas universitarias en todo el país. Ante esa derrota legislativa, el Ejecutivo subordinó la aplicación de la norma a la determinación previa de las fuentes de financiamiento, mediante el decreto 759/2025. Frente a ese condicionamiento, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y representantes de distintas universidades nacionales impulsaron un amparo colectivo que derivó en la cautelar ahora confirmada.
Vale aclarar que el fallo no resuelve el fondo del asunto. Los jueces aclararon expresamente que la resolución de este jueves no dictamina si un decreto de necesidad y urgencia puede o no suspender una ley del Congreso, discusión constitucional que sigue pendiente. Tampoco genera, según pudo saberse, nuevos desembolsos inmediatos: el acuerdo firmado el 10 de junio entre el Gobierno y las universidades ya había definido los montos a transferir. Ese acuerdo contempló, de acuerdo a lo informado, un incremento de la masa salarial del 24,33%, una suba del 20% en gastos de funcionamiento y una ampliación de las partidas para hospitales universitarios hasta 50.000 millones de pesos.
Pese a eso, fuentes del sistema universitario sostienen que el respaldo judicial no es menor. El fallo le da al sistema universitario un respaldo judicial de máximo nivel que el Gobierno no puede ignorar, evaluaron desde ese sector. En esa línea se manifestó Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del CIN, quien calificó la resolución como “la extraordinaria noticia” de que la Corte rechazó el recurso del Estado y dejó firme la cautelar, aunque advirtió que se trata de “un paso más” y que la disputa no está saldada.
No todas las voces gremiales coinciden en la lectura del acuerdo salarial que motivó este capítulo judicial. Desde la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Rosario (Coad) se cuestionó el entendimiento alcanzado entre la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) y el Gobierno, al sostener que la oferta salarial no solo resulta insuficiente sino que debilita la pelea por el cumplimiento pleno de la ley.
La cautelar ratificada tiene, de todos modos, un alcance acotado. No incluyó la recomposición presupuestaria correspondiente a 2024 y 2025, ni otros gastos vinculados con programas de asistencia y fortalecimiento institucional, cuestiones que deberán resolverse en una instancia posterior del mismo expediente. El fallo alcanza, en los hechos, al conjunto del sistema universitario nacional, lo que incluye también a las casas de estudio públicas de Entre Ríos, cuyo financiamiento quedó atado a la misma disputa entre el Poder Ejecutivo y el Congreso por la ley vetada y luego insistida.
Fuente: La Coyuntura