Por redacción de La Coyuntura
La Fiscalía de Estado de Entre Ríos confirmó que recurrirá los fallos de la Cámara en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Paraná que declararon la inconstitucionalidad de los aumentos salariales otorgados bajo la modalidad de sumas “no remunerativas”, sin que esos incrementos generaran aportes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones ni a la obra social.
La Cámara, integrada por los jueces Marcelo Baridón, Aranzazú Quiroga y Adriana Acevedo, analizó los decretos N° 537/26 GOB y N° 017/26 HCS, mediante los cuales el Poder Ejecutivo y el Senado provincial habían otorgado incrementos a sus dependientes bajo esa denominación. El tribunal concluyó que la maniobra vulneraba el artículo 82 inciso d) de la Constitución de Entre Ríos, que establece que todo incremento salarial debe estar sujeto a aportes y contribuciones. Según sostuvieron los magistrados, la naturaleza de un pago no depende del nombre que la administración le asigne, sino de su carácter retributivo por la prestación de servicios, motivo por el cual las sumas debían considerarse parte del salario y, en consecuencia, generar los descuentos correspondientes.
El fallo, dictado el 14 de agosto en el marco de los expedientes N° 3201, N° 3142 y N° 3150, ordenó además a la administración provincial proyectar y transferir a la Caja de Jubilaciones y Pensiones, en un plazo de treinta días hábiles, los importes adeudados en concepto de aportes y contribuciones por la aplicación de ambos decretos. También dispuso que la Caja traslade a los demandantes el monto necesario para alcanzar el 82% móvil, o el 75% en el caso de los pensionados, del incremento percibido por el personal en actividad. Fuentes tribunalicias señalaron a medios locales que los alcances de la resolución no se limitan a quienes iniciaron las acciones judiciales, sino que se extienden a todos los afectados por los decretos cuestionados.
Frente a esa decisión, Martín Rettore, fiscal de Estado adjunto, adelantó que la próxima semana presentarán el recurso de apelación para que el organismo de alzada revise lo resuelto en primera instancia. Rettore argumentó que los accionantes no habían agotado la vía administrativa de impugnación previa antes de recurrir a la Justicia, un planteo que buscará sostener ante la instancia superior.
La causa había sido promovida por un grupo de trabajadores y jubilados estatales, entre ellos Rodolfo Rafael Suárez y María Verónica Uzín, en el marco de acciones de inconstitucionalidad contra ambos decretos. El fallo sienta un precedente sobre los límites constitucionales al uso de sumas no remunerativas en la administración pública entrerriana, en momentos en que la provincia atraviesa un debate abierto por la sustentabilidad de su sistema previsional tras la reciente reforma jubilatoria.