Por Redacción de La Coyuntura
Entre Ríos atraviesa un escenario de tensión que funciona como un termómetro del funcionamiento de su esquema productivo. Dos sectores relevantes, el arroz y la avicultura, enfrentan crisis simultáneas que, aunque responden a dinámicas distintas, convergen en un impacto directo sobre el empleo y la actividad económica.
El cuadro plantea un desafío concreto para la gestión de Rogelio Frigerio: la apuesta por el sector privado como motor del crecimiento se enfrenta a una estructura de costos en alza y precios que, en varios casos, no logran cubrir la inversión. En ese contexto, la competitividad muestra un deterioro relativo frente a países vecinos.
En el frente arrocero, la decisión de suspender las ventas de arroz cáscara por tiempo indeterminado expresa la profundización de una crisis que no es nueva. A diferencia de otras provincias como Corrientes, donde predomina el riego por superficie, en Entre Ríos el sistema depende en gran medida de pozos profundos, lo que incrementa significativamente los costos energéticos.
Este rasgo técnico se traduce en un deterioro de la relación insumo-producto: hoy se requieren cerca de nueve kilos de arroz para cubrir el costo de un litro de gasoil, aproximadamente el doble que una década atrás. A esto se suma una brecha de costos respecto a la región que distintos actores del sector ubican en torno a los 50-60 dólares por tonelada frente a competidores del Mercosur.
El resultado es un proceso sostenido de concentración: en los últimos quince años, el número de productores se redujo drásticamente, con impacto directo sobre el entramado productivo y social de localidades como San Salvador.
En paralelo, el frente industrial muestra señales de agotamiento en Concepción del Uruguay. El acuerdo alcanzado en Granja Tres Arroyos, que evita despidos pero reduce ingresos, establece la suspensión de la actividad los lunes durante seis meses con una compensación parcial de haberes. Esta tregua laboral no es un hecho aislado, sino el reflejo de una crisis de márgenes en la cadena avícola, donde el aumento de los insumos básicos y el encarecimiento de la logística chocan contra un consumo interno que no convalida nuevos precios. El esquema permite sostener el nivel de empleo en el corto plazo, pero traslada el peso del ajuste directamente al poder adquisitivo de los trabajadores. En una ciudad cuya identidad y economía local orbitan alrededor de la planta, esta reducción de la actividad derrama una incertidumbre inmediata sobre el comercio de cercanía y la previsibilidad de miles de familias entrerrianas, evidenciando que incluso los sectores más integrados de la industria ya no logran absorber las asimetrías del modelo por cuenta propia.
Este doble frente abre interrogantes sobre la sostenibilidad del esquema productivo provincial bajo las condiciones actuales. La caída del precio del arroz —de aproximadamente $310.000 por tonelada en febrero a niveles cercanos a $240.000— ya impacta en la cadena de pagos y en el comercio local en distintas localidades.
Si bien se han instrumentado medidas de alivio fiscal, la magnitud del problema sugiere límites claros a las respuestas de corto plazo. La convocatoria a una reunión entre productores y el Ministerio de Desarrollo Económico marca un reconocimiento tardío de la situación.
El punto de fondo es otro: más que crisis sectoriales aisladas, lo que comienza a evidenciarse es un problema de competitividad sistémica. En ese marco, la pregunta ya no es solo cómo atravesar la coyuntura, sino si el modelo productivo provincial puede sostenerse sin una recalibración de sus condiciones estructurales.