Por Redacción de La Coyuntura
La coalición de gremios docentes, estatales, judiciales y jubilados convocó para el 23 de abril en Paraná. Cuestionan el 82% móvil que promete el gobierno y tienen una propuesta alternativa para el déficit de la Caja.
La Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos escaló su confrontación con el gobierno de Rogelio Frigerio y lanzó una convocatoria a paro y movilización para este jueves 23 de abril. La medida unifica a gremios como AGMER, ATE, AJER, SADOP, Sitradu, APS y la Federación de Jubilados, entre otros, en rechazo a la reforma previsional que avanza en la Legislatura provincial.
La concentración comenzará a las 10 en Plaza 1º de Mayo. Desde allí, las columnas marcharán hacia el edificio de la Caja de Jubilaciones y culminarán con un acto frente a Casa de Gobierno.
El punto más resonante de la jornada fue la aparición pública de la Federación de Jubilados y Pensionados, que históricamente mantuvo un perfil alejado de las calles. Su presidente, Ercilio Aimone, fue contundente: la institución que conduce no suele participar de manifestaciones, pero esta vez no tienen otra opción. “Nos quieren quitar derechos alcanzados. No nos van a barrer como se nos hizo con OSER”, advirtió, en alusión a la mutual que naufragó tras una votación legislativa que los gremios consideran una traición.
El argumento central que la Multisectorial quiere instalar en la opinión pública es que el 82% móvil que el gobierno dice preservar es, en sus propios términos, “mentiroso”. El mecanismo que impulsa el Ejecutivo calcularía el haber jubilatorio promediando los últimos 360 meses de aportes —los últimos diez años de vida laboral—, lo que según los gremios derivaría en jubilaciones muy por debajo de las actuales. Para dimensionar la diferencia, citaron un trabajo del docente universitario y ex ministro Roberto Schunk: mientras la jubilación promedio del sistema nacional ANSES ronda los $490 mil, la de la Caja provincial alcanza el millón y medio de pesos. Ese es, dijeron, el piso que la reforma pondría en riesgo.
Desde AJER, el secretario general José María Segura sumó otro flanco de vulnerabilidad para la iniciativa oficial: la fórmula de movilidad que el gobierno pretende adoptar acumula al menos siete declaraciones de inconstitucionalidad en distintos tribunales del país, lo que en la práctica abriría una oleada de litigios.
Desde ATE, su secretario general Oscar Muntes rechazó el argumento oficial de la escasez fiscal y trazó su propia advertencia para los legisladores: “No nos puede pasar lo que nos pasó con el IOSPER con la Caja de Jubilaciones”. Para el dirigente, la salida al déficit no pasa por recortar haberes sino por gravar a sectores económicos concentrados. En esa línea, ATE impulsa la creación del Fideicomiso de Sustentabilidad Previsional de Entre Ríos (FISPER), que financiaría la Caja sin tocar los derechos adquiridos. El gremio sostiene que el 70% del déficit responde a decisiones políticas históricas y no a la ecuación activo-pasivo.
AGMER, por su parte, definió un paro total de 24 horas para garantizar la presencia de sus 17 seccionales del interior en la marcha. Su secretario general, Abel Antivero, fue directo en el diagnóstico: “Lo que el gobierno llama reforma, nosotros decimos que es un ajuste”.
Antes del jueves, la Multisectorial completa una recorrida por el interior de la provincia —Colón, Concepción del Uruguay y Federal— para ampliar el respaldo territorial a la convocatoria.