Por Redacción de La Coyuntura
La empresa avícola Granja Tres Arroyos anunció el cierre por tiempo indeterminado de su histórica planta ubicada en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. La medida fue comunicada durante la madrugada y sorprendió a los operarios cuando llegaron a cumplir sus turnos: encontraron los accesos bloqueados, portones encadenados y vigilancia privada custodiando el predio.
La decisión dejó en riesgo unos 950 empleos en un contexto de crisis financiera, recortes operativos y una fuerte caída en la faena diaria, que pasó de 700.000 a 200.000 pollos.
La empresa atribuyó la medida a razones laborales y financieras. Según argumentaron desde la firma, la decisión es consecuencia directa de “constantes conflictos gremiales” que terminaron por paralizar las operaciones y generar un quiebre en la cadena de producción avícola de la región. Desde 2023, la compañía viene atravesando una delicada situación financiera, fuertemente golpeada por las secuelas de la emergencia sanitaria por gripe aviar, que derivó en el cierre temporal de mercados de exportación clave.
Sin embargo, los trabajadores tienen otra lectura. La empresa les debe el 70% de la segunda quincena de abril y la totalidad de la primera quincena de mayo. El 14 de mayo, ambos sindicatos habían presentado documentos formales ante la Secretaría de Trabajo provincial advirtiendo que los trabajadores se encontraban “al límite de su tolerancia” con “riesgo cierto e inminente” de toma y paralización total de la planta.
Ante el agravamiento del conflicto, el Gobierno provincial decidió intervenir. La Secretaría de Trabajo de Entre Ríos convocó de oficio a una audiencia de conciliación laboral para este jueves 28 de mayo a las 10, en el marco del conflicto que mantiene paralizada la planta La China. La medida fue adoptada por iniciativa propia del organismo, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 34 del Decreto Reglamentario 1130/89 de la Provincia de Entre Ríos, sin que mediara pedido de ninguna de las partes involucradas.
Desde el Ejecutivo provincial subrayaron el carácter proactivo de la intervención: “Como ya lo hicimos meses atrás, cuando logramos reabrir el diálogo entre la empresa y los trabajadores, hoy volvemos a actuar como garantes del trabajo, la producción y la paz social. Reafirmamos así el rol activo que le cabe a la Provincia en la resolución de los conflictos laborales.”
No obstante, el antecedente inmediato no es alentador. Una audiencia previa convocada para el miércoles en la delegación central de la Secretaría de Trabajo en Paraná se suspendió hasta nuevo aviso, dado que la empresa no confirmó su asistencia.
En enero, tras una intervención del Gobierno provincial encabezada por la Secretaría de Trabajo, la empresa y los trabajadores habían alcanzado un acuerdo que incluía un cronograma para cancelar la deuda salarial y garantizar la continuidad productiva. Sin embargo, el conflicto se retomó durante marzo, cuando los trabajadores paralizaron las actividades reclamando salarios adeudados.
Tras una asamblea general de urgencia, las familias de los operarios trasladaron el conflicto al espacio público. Las columnas de manifestantes se concentraron frente al Monumento a Urquiza de Concepción del Uruguay para marchar bajo la exigencia unificada de una reapertura de los portones y la liquidación total de las deudas salariales vigentes.