Por Redacción de La Coyuntura
La Cámara de Diputados de Entre Ríos convirtió en ley este miércoles la reforma previsional impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio, con el nombre formal de “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional”, que modifica la Ley N° 8.732. La sesión arrancó pasadas las 11, se extendió por más de cinco horas y se cerró con una votación de 18 a favor y 12 en contra: acompañaron el proyecto quince diputados de Juntos por Entre Ríos —Mariana Bentos, Silvio Gallay, Gustavo Hein, Carola Laner, Gabriela Lena, Alcides López, Jorge Maier, Susana Pérez, Fabián Rogel, María Elena Romero, Juan Manuel Rossi, Bruno Sarubi, Carolina Streitenberger, María Noelia Taborda y Vilma Vázquez— más tres legisladores de La Libertad Avanza, entre ellos Roque Fleitas y Débora Todoni. Se opusieron los once integrantes del bloque Más para Entre Ríos y el diputado Carlos Damasco, de La Libertad Entre Ríos. No asistieron por motivos de salud los oficialistas Mauro Godein y Rubén Rastelli, y la diputada de Fe y Libertad Julia Calleros.
El tratamiento en Diputados llegó después de que el proyecto obtuviera media sanción en el Senado el 15 de julio, por 10 votos contra 7, con el respaldo de dos senadores del PJ que rompieron la disciplina de bloque. A diferencia de esa sesión, marcada por incidentes que llevaron a la Provincia a ampliar el vallado alrededor de Casa de Gobierno, el debate en Diputados se desarrolló bajo un fuerte operativo policial de seguridad, mientras trabajadores estatales, docentes, jubilados, AJER y la Federación de Jubilados marchaban desde la sede de la Caja de Jubilaciones hasta la Casa Gris y luego se concentraban frente al recinto, sobre plaza Carbó.
Foto: Pagina Politica
Como miembro informante, la diputada Vilma Vázquez pidió que la sesión sirviera “para el bien de todos” y sostuvo que la decisión no respondía a un criterio partidario sino a una necesidad de la provincia. El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Bruno Sarubi, reconoció que el proyecto genera preocupación pero remarcó que, tras consultar con distintos sectores y especialistas, no encontró una sola voz que sostuviera que la Caja de Jubilaciones está en buen estado: según indicó, el organismo tiene 266 mil beneficiarios y la relación entre aportantes y jubilados bajó a 1,82, un problema que —recordó— ya preocupaba en 1997 durante la gestión de Jorge Busti. Fabián Rogel, con 38 años de aportes, coincidió en que la reforma debió llegar antes y advirtió que, de no aprobarse, la Caja podría dejar de ser sustentable en una década.
Laura Stratta, presidenta del bloque PJ-Más para Entre Ríos
La presidenta del bloque justicialista, Laura Stratta, afirmó que el peronismo comparte la necesidad de dar sostenibilidad al sistema previsional pero no el camino elegido, y remarcó que avasallar facultades de la Legislatura y derechos de jubilados y trabajadores no genera previsibilidad. La diputada Silvina Deccó sostuvo que la reforma no resistiría un control de constitucionalidad ni de convencionalidad y cuestionó que la declaración de emergencia previsional —con un plazo inicial de dos años prorrogable por otros dos, mediante la sola comunicación a la Legislatura— avance pese a que la Justicia ya había objetado ese tipo de plazos en otros casos. Deccó también apuntó contra los cambios en el régimen de pensiones, entre ellos un límite al plazo de duración del matrimonio como requisito de acceso al beneficio, que además no sería vinculante en el caso de las uniones convivenciales, algo que a su juicio implicará mayor burocratización del trámite. La diputada Mariel Ávila coincidió en que, aunque el 82% móvil se mantenga escrito en la ley, la garantía real que ese número representaba queda erosionada por los cambios en la base de cálculo del haber. La diputada Andrea Zoff, por su parte, centró sus críticas en el impacto sobre los municipios, a los que de acuerdo a datos de la propia Caja les corresponde apenas el 3,64% del déficit del sistema pese a financiar con fondos propios el 80% de las jubilaciones de sus trabajadores; aun así, la reforma les impone una contribución extra de entre el 1,5% y el 3% sobre la masa salarial, con la posibilidad de que el Ejecutivo varíe ese porcentaje por decreto.
Carlos Damasco, el único voto negativo fuera del bloque del PJ, pidió no repetir el error cometido con la reforma del IOSPER, que en su momento también se justificó por una emergencia y terminó judicializada: citó estadísticas del Superior Tribunal de Justicia según las cuales la OSER recibió 455 amparos en 2025 y pierde siete de cada diez juicios. Damasco cuestionó además la relación entre el costo social de la reforma y su impacto financiero real, al señalar que el propio Gobierno reconoce un déficit mensual de la Caja de alrededor de 43 mil millones de pesos, mientras que la recaudación adicional que generará la reforma rondaría los tres mil millones de pesos por mes.
Carola Laner, diputada de Juntos por Entre Ríos, durante el cierre del debate
El cierre del debate en el oficialismo quedó a cargo de Carola Laner, quien calificó a la reforma como una de las decisiones más trascendentales para el presente y el futuro de la provincia y reconoció que ninguna de las medidas resulta popular ni está exenta de tensiones. Otros legisladores del oficialismo sumaron matices: María Elena Romero negó que la reforma ponga en riesgo el 82% móvil y sostuvo que ningún jubilado cobrará menos por esta ley, mientras que Jorge Maier apuntó que el sistema no se modifica hace 33 años. Entre los puntos centrales del proyecto figuran un aporte solidario del 3% para los trabajadores activos que cobran más de tres millones de pesos, una contribución patronal adicional para los empleadores, la ampliación de diez a quince años del período tomado para calcular el haber inicial, y un régimen de transición durante 2026 y 2027 para los regímenes especiales, que deberán seguir aportando de manera solidaria hasta alcanzar la edad jubilatoria.
Durante la jornada, el secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, afirmó que la organización volvió a rechazar la reforma de Frigerio y remarcó que, pese al vallado, señalaron públicamente a los legisladores que consideran responsables del ajuste. El secretario general de Agmer, Abel Antivero, celebró la convocatoria de trabajadores llegados de distintos puntos de la provincia y sostuvo que la ciudadanía entrerriana sigue expresando su rechazo a la reforma, a la que calificó como un plan de ajuste que se sostuvo incluso sabiendo que el oficialismo ya contaba con los votos necesarios.
Con la sanción definitiva en Diputados, la reforma previsional queda convertida en ley y comenzará a regir una vez cumplidos los pasos administrativos de promulgación y publicación oficial. El texto había generado además presentaciones de asociaciones de profesionales del derecho por presuntos vicios de inconstitucionalidad y un contrapunto entre el oficialismo y sectores del peronismo que impulsaron una propuesta de reforma alternativa con distintas fuentes de financiamiento para el déficit de la Caja.