Por redacción de La Coyuntura
La Municipalidad de Paraná concesionó por una década el Centro Cultural Gloria Montoya a una firma gastronómica y cultural privada. En el mismo edificio funciona hace 20 años la Escuela Municipal de Circo Larrisa, que se enteró de la licitación por la prensa mientras sostenía un paro de más de tres semanas por sueldos adeudados. El Municipio ofrece un traslado transitorio que los docentes rechazan por razones de seguridad.
La escena
El jueves 27 de agosto, el personal de la Escuela Municipal de Circo Larrisa se enteró por los medios de que el edificio donde trabajan hace veinte años tenía nuevo destino. No fue un llamado del Municipio ni una nota interna: fue una noticia, igual que para cualquier vecino de Paraná.
Lo supieron en medio de un paro. La escuela llevaba entonces 23 días de medida de fuerza por el atraso en el pago de los sueldos de julio, un reclamo que a esa altura ya era rutina en la relación entre el plantel y la Secretaría de Cultura. Que la noticia de la concesión llegara justo en ese momento, y por esa vía, es el primer nudo de esta historia.
Qué decidió el Municipio
El proceso empezó formalmente el 24 de junio de 2026, cuando el Decreto N.º 1355 dispuso el llamado a la Licitación Pública N.º 51/2026 para concesionar el inmueble de calle Melvin Jones 861 —sede del Centro Cultural Gloria Montoya— con el objetivo de desarrollar allí una propuesta cultural, gastronómica y recreativa, incluidas las obras de puesta en valor necesarias.
El llamado se publicó los días 30 de junio, 1° y 2 de julio en el único diario impreso de la ciudad, y estuvo disponible en el Boletín Oficial electrónico del Municipio entre el 29 de junio y el 21 de julio, fecha en la que se abrieron las ofertas. Se presentó un único oferente: la firma PARACIMA S.A.S. El 10 de agosto, mediante el Decreto N.º 1761, el Municipio adjudicó la concesión por un plazo de diez años.
PARACIMA S.A.S. operará asociada a Tribus Club de Arte, con trayectoria en gestión cultural en la región. Según la propuesta ganadora, el espacio conservará el nombre “Centro Cultural Gloria Montoya” en homenaje a la artista paranaense. El secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani, sostuvo que la decisión responde a la magnitud de la obra de reparación que necesita el edificio y a lo que esa reparación costaría afrontar al Estado. Clavenzani afirmó que en la nueva etapa “se compartirán espacios entre actividades privadas y municipales”.
Como alternativa transitoria para que la escuela termine el ciclo lectivo mientras se hacen las obras, el Municipio ofreció las instalaciones del club Catamarca Central.
Veinte años, diez contratos precarios
La Escuela Municipal de Circo Larrisa cumple veinte años en octubre. Es gratuita, pública y forma a entre 80 y 100 estudiantes distribuidos en grupos que van del semillero infantil a los adultos experimentados. Buena parte de sus docentes actuales fueron, antes, alumnos del propio Larrisa, y accedieron a sus cargos por concurso de antecedentes.
Sostienen esa estructura diez trabajadores —entre docentes, personal administrativo y de limpieza— bajo la figura de contratos de obra. El cuerpo docente y administrativo, describe un esquema laboral sin garantías básicas: salarios sin cláusula de actualización por inflación, renovaciones contractuales cada tres o seis meses, y planillas colectivas que agrupan a todos los talleristas de cultura de la ciudad, sin que cada trabajador tenga copia de su propio contrato ni certeza sobre sus condiciones particulares. No perciben adicional por antigüedad ni cuentan con representación gremial en el ámbito municipal.
El caso más extremo que describen es el de una compañera docente que, según denuncian, lleva tres meses trabajando sin haber firmado contrato y sin cobrar un peso.
La llamativa demora en la liquidación de los sueldos de julio es vista con profunda desconfianza. De hecho, una de las voces docentes de la escuela arriesga una hipótesis: la tardanza oficial en regularizar los pagos habría funcionado como una estrategia de desgaste para impedir que el personal ocupara físicamente el centro cultural antes de que estallara en los medios la noticia de la concesión a la firma privada.
Sobre la falta de aviso, el reclamo es puntual: aseguran haber mantenido reuniones formales con el secretario Clavenzani, con la directora de Escuelas Municipales, Rocío Panoso, y con el funcionario Joaquín Arijón, sin que en ninguna de esas instancias se les mencionara que el edificio estaba en proceso de licitación desde junio.
El argumento que se vuelve en contra
Frente al argumento oficial de que la privatización es la vía para financiar reparaciones que el Estado no puede costear, el cuerpo docente responde con un historial de reclamos que dicen haber hecho durante años sin respuesta: filtraciones de techo que inundan el espacio en los días de lluvia, largos períodos sin disyuntor eléctrico, robos reiterados de materiales de trabajo por falta de seguridad en los accesos, y demoras de meses para resolver arreglos menores, como una baranda de seguridad en la terraza o el cambio del cuerito de una canilla.
El deterioro que hoy se usa para justificar la concesión, sostienen, es en buena medida resultado de esa desatención sostenida.
Por qué el Club Catamarca no es una solución, según la escuela
El rechazo al traslado no es una postura de principios: los docentes lo plantean en términos técnicos. La escuela necesita el espacio de lunes a jueves de 16 a 21 horas de forma exclusiva para dar clase a todos sus niveles. En el Club Catamarca tendrían que compartir el lugar con otras actividades deportivas, con socios y con el funcionamiento simultáneo de una cantina.
El problema más serio es de seguridad. El circo es, para quienes lo enseñan, una disciplina de alto riesgo: la acrobacia aérea exige una altura de techo determinada, buena iluminación, vigas homologadas y puntos de anclaje certificados para instalar trapecios, telas y aros. El club no tiene nada de eso, y tampoco un piso preparado para las acrobacias de suelo, la danza, el teatro físico o el malabarismo.
A esas objeciones técnicas se suma otra, de otro orden: para el cuerpo docente y administrativo, que una institución pública sea trasladada a un espacio privado —aunque se plantee como algo transitorio— es en sí mismo motivo de desconfianza. Y esa desconfianza se agrava porque, sostienen, no tienen garantías de que el acuerdo se cumpla en el tiempo: mientras la situación contractual de parte del plantel sigue sin regularizarse y la escuela continúa en medida de fuerza, no hay certezas de que los compromisos que asuma el Municipio se sostengan.
Lo que queda planteado
La discusión, de todos modos, ya tiene fecha en el calendario. Este domingo 30 de agosto por la mañana, los trabajadores se reunirán de manera autoconvocada en una asamblea en las propias instalaciones del Centro Cultural Gloria Montoya. Y para el lunes 31, la escuela llamó a una asamblea general abierta a toda la comunidad —madres, padres y estudiantes de todos los niveles, del semillero a los grupos de adultos—, donde el equipo docente, administrativo y de coordinación se propone poner en común la situación salarial y contractual del plantel, explicar cómo se enteraron de la concesión y fundamentar por qué consideran inviable el traslado al Catamarca. A esa segunda instancia invitaron formalmente a las autoridades de la Secretaría de Cultura, para que den explicaciones directamente frente a las familias.
El conflicto por el Gloria Montoya no es, en el fondo, una discusión sobre un edificio: es la pulseada entre dos formas de entender qué se hace con un espacio público cuando el Estado dice no poder sostenerlo. Para el Municipio, la salida es un modelo de gestión privada que combine gastronomía y cultura y conserve el nombre del lugar. Para quienes dieron clases gratuitas ahí durante veinte años, la salida elegida los deja, en los hechos, sin certezas sobre dónde van a poder seguir haciéndolo —y con una sospecha instalada sobre por qué se enteraron como se enteraron.
Fuente: La Coyuntura