Por redaccion de La Coyuntura
El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en Entre Ríos, Oscar Muntes, se refirió este martes a la protesta que el gremio realizó en la Dirección General de Recursos Humanos y que motivó una denuncia penal del gobierno provincial contra el sindicato. En declaraciones al programa A Quien Corresponda, de Radio Plaza 94.7, Muntes sostuvo que la movilización surgió de una asamblea previa de ATE, enmarcada en el plan de lucha del sindicato, y que respondió a la falta de respuestas a los trámites y pedidos de resoluciones que vienen realizando desde hace meses.
El dirigente reconoció que había mucho enojo entre los trabajadores por el desconocimiento de la entidad gremial por parte de la administración provincial, aunque remarcó que, más allá de las imágenes y videos que circularon, la protesta se limitó a un breve reclamo verbal: la comitiva de ATE pidió hablar con la responsable del área, que no se encontraba, permaneció un rato en el lugar y se retiró. Después repitió el mismo planteo en la Secretaría de Trabajo, donde exigió que se convoque cuanto antes a la paritaria, que consideran demorada e incumplida por parte del gobierno.
Muntes admitió que la asamblea previa había sido muy tensa y que existe mucha bronca entre los estatales, a quienes -dijo- el salario no les alcanza para llegar a fin de mes, pero insistió en que desde la conducción gremial se hizo todo lo posible para bajar el tono y evitar que la protesta derivara en un enfrentamiento. Remarcó que en ningún momento hubo discusión ni pelea con los empleados de Recursos Humanos, a quienes definió como trabajadores en la misma situación que los afiliados de ATE, y que la intención del sindicato nunca fue otra que lograr que el gobierno se siente a resolver los reclamos planteados. Negó de manera categórica que hubiera existido algún tipo de aprieto o intimidación, y desmintió puntualmente que un trabajador del edificio hubiera quedado encerrado durante la manifestación.
El eje central de su reclamo pasó por lo que definió como una discriminación hacia ATE en el otorgamiento de resoluciones de recategorización. Según Muntes, unos 1.300 trabajadores estatales se capacitaron en el marco de ese proceso administrativo, cumplieron con toda la documentación exigida, y sin embargo no recibieron las resoluciones correspondientes, mientras que los afiliados de UPCN sí las estarían obteniendo. El dirigente fue explícito al respecto y sostuvo que a los afiliados de UPCN “sí le dan las resoluciones y a la Asociación Trabajadores del Estado no”. Aclaró que ATE respeta la libertad de cada trabajador y de cada funcionario para afiliarse al sindicato que prefiera, pero cuestionó al secretario de Trabajo provincial por, según su versión, instar a los estatales en distintas asambleas realizadas en hospitales a afiliarse al otro gremio, y reclamó que ese funcionario garantice la equidad entre las organizaciones sindicales.
Muntes sostuvo también que hace dos años que la directora provincial responsable de emitir las resoluciones evita recibir a los referentes de ATE, con la excusa de estar siempre ocupada, y que en el último tiempo directamente dejaron de responderles. Apuntó que, mientras las resoluciones de otros trámites salen de un día para el otro, a ATE le argumentaron que el trámite administrativo que vienen reclamando no podía resolverse porque el área estaba en una situación de refacción. En ese marco, cuestionó la denuncia penal impulsada por el gobierno contra el sindicato por la protesta y la contrastó con la ausencia de consecuencias para funcionarios que, según su acusación, habrían confesado hechos de corrupción sin que eso les trajera repercusiones.
Respecto de las condiciones edilicias, el dirigente señaló que el edificio de Recursos Humanos lleva un tiempo prolongado en refacciones, con el ingreso principal señalizado con una cinta de peligro, y afirmó que los trabajadores del área tienen miedo de manifestar las falencias del lugar por temor a sufrir una reprimenda si levantan la voz.
Consultado por el Sindicato de Empleados de la Administración Pública de Entre Ríos (SEDAPPER), Muntes indicó que esa organización ya habría avanzado con las presentaciones administrativas para su reconocimiento en el municipio de Paraná y que cuenta con afiliados y delegados propios, aunque aclaró que ATE no mantiene diálogo fluido con sus referentes más allá de saber que se trata de un sindicato en proceso de organización.