Por Redacción de La Coyuntura
La disputa entre los dos gremios estatales de Entre Ríos volvió a escalar en las últimas horas, con epicentro en la implementación del esquema de recategorizaciones para más de 12.000 trabajadores del Escalafón General, aunque el conflicto de fondo excede ampliamente ese proceso y atraviesa buena parte del sistema de concursos y pases a planta que impulsa el gobierno de Rogelio Frigerio para reordenar el empleo público provincial.
El anuncio original se había hecho en diciembre de 2025, cuando el titular de UPCN, José Allende, participó junto a los ministros de Economía, Fabián Boleas, y de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, de la firma de dos convenios: uno de cooperación en materia de capacitación que reconoce a UPCN como actor central en la formación de los trabajadores estatales, y el instructivo de recategorizaciones propiamente dicho, que beneficiará a más de 12.000 agentes del Escalafón General en tres etapas, programadas para marzo de 2026, agosto de 2026 y marzo de 2027. Uno de los puntos centrales de ese instructivo es que todas las capacitaciones dictadas por UPCN desde 2022 son reconocidas a los fines de la recategorización.
Ese reconocimiento es justamente el corazón del conflicto con ATE. El secretario general del gremio, Oscar Muntes, calificó el esquema de “una barbaridad” y lo tildó de “totalmente anticonstitucional” en declaraciones al programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7, y anunció que ATE lo va a impugnar tanto por la vía judicial como por la vía gremial. Según el dirigente, en las entrevistas previstas por el decreto que regula el régimen general de concursos, la patronal otorga diez puntos que se reparten de manera desigual entre los sindicatos: siete para el gremio mayoritario y tres para el minoritario, lo que en los hechos termina favoreciendo a UPCN. Muntes fue más allá y denunció que en la mayoría de las áreas de Recursos Humanos del Estado se estaría induciendo a los trabajadores a afiliarse al sindicato que garantiza gobernabilidad al gobierno de turno como condición para acceder a la recategorización o al ingreso a planta, y aseguró contar con documentación que respalda esa denuncia. Precisó que la estrategia judicial avanzará en tres frentes: la exclusión de ATE de la discusión paritaria por no compartir la propuesta salarial del Gobierno, la constitucionalidad del decreto que reglamenta el régimen de concursos, y el esquema de puntajes que beneficia al gremio mayoritario en las entrevistas de evaluación.
La respuesta de UPCN no se hizo esperar y elevó la temperatura del cruce. Consultada por el mismo programa radial, la secretaria adjunta Carina Domínguez calificó de mentira la lectura que hace Muntes del instructivo y sostuvo que se trata de una mirada que solo repara en el aspecto negativo e individual, sin contemplar el proceso de cambios que vive el empleo público y la necesidad de capacitación que, según remarcó, los propios trabajadores eligen y no algo que el sindicato les imponga. La dirigente fue más lejos y le preguntó directamente a la conducción de ATE por qué se alejó de los trabajadores, y advirtió que declaraciones de ese tipo terminan equiparando a los sindicatos con la vieja política de peleas cruzadas.
Sobre el cuestionamiento de Muntes a la mayor representatividad de UPCN, Domínguez respondió que el sistema de mayorías y minorías es el que rige la representación sindical en la Argentina, y planteó que ATE, en lugar de proponer alternativas, se dedica a cuestionar al gremio mayoritario sin haber presentado ninguna propuesta propia ni haber pedido participar de la discusión. “Antes de andar llorando, que hagan aportes”, lanzó. También remarcó la infraestructura con la que cuenta UPCN —sede, camping, consultorios— para sostener su oferta de capacitación, y cuestionó qué hace ATE con sus propios recursos sindicales. Cerró con un pedido directo a la conducción rival: que dejen de cuestionar a José Allende y a ella misma como “entregadores” u “oficialistas” frente al Ministerio de Salud, mientras UPCN, según remarcó, trabaja en una mesa técnica inédita para analizar caso por caso a los trabajadores de planta transitoria, a pesar del desgaste que le significó al gremio haber aceptado el 3,5% de la última paritaria.
El cruce escaló también en otro frente, paralelo a la discusión por las recategorizaciones: mientras ATE acusa a UPCN de negociar a espaldas de los trabajadores tanto el sistema de concursos como la reforma jubilatoria provincial, Domínguez contraatacó con un anuncio propio. Según la dirigente de UPCN, el gremio consiguió por la vía del diálogo que en la administración pública se trabaje una hora menos para los agentes de categoría mas altas que no ocupen cargos jerárquicos, una conquista que exhibió de manera burlesca como contracara de las críticas de ATE. El dato resulta llamativo si se lo compara con la política que viene sosteniendo en los hechos el Ministerio de Economía y Servicios Públicos de la Provincia frente a los cambios de categoría individuales, en contraste con el discurso oficial sobre la importancia de la capacitación de los trabajadores. Un caso documentado en el Decreto DTO-2026-366-E-GER-GOB, firmado en febrero de este año, ilustra esa contradicción: una agente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Desarrollo Económico había obtenido un título universitario y solicitó el pase de categoría correspondiente, contando para ello con los avales de Recursos Humanos y de Asuntos Jurídicos jurisdiccional, además de la viabilidad presupuestaria confirmada por la Oficina Provincial de Presupuesto. Pese a ese aval técnico, el Ministerio de Economía rechazó el pedido invocando el equilibrio fiscal previsto en el artículo 35 de la Constitución provincial y la exigencia de concursos que establece la Ley N° 9.755. El caso pone en discusión hasta qué punto la profesionalización y el esfuerzo formativo de los trabajadores —el mismo argumento que UPCN reivindica para defender el reconocimiento de sus capacitaciones en las recategorizaciones— encuentra una contracara en la negativa de Economía a reconocer, en los hechos, los títulos obtenidos de manera individual cuando eso implica un mayor costo salarial.
El telón de fondo de toda esta disputa es la política de reordenamiento del empleo estatal que lleva adelante la gestión de Frigerio, que combina un nuevo reglamento de concursos, el cronograma de recategorizaciones en tres etapas y ahora también la discusión por la reforma jubilatoria provincial. La pulseada entre los dos gremios, que también se replica a nivel nacional en cada ronda paritaria con UPCN más cerca de los acuerdos con el Gobierno y ATE en plan de rechazo sistemático, promete trasladarse en las próximas semanas tanto a los tribunales como a la mesa de negociación política.
Fuente: La Coyuntura